La legisladora de la Región de Atacama, Sofía Cid Versalovic, ha expresado su postura respecto a la iniciativa que propone designar la totalidad de la Provincia del Huasco como zona de latencia ambiental. Esta medida, de ser aprobada, impondría nuevos requisitos para el desarrollo de proyectos de inversión en la zona. Cid enfatizó que cualquier resolución en este sentido debe estar fundamentada en estudios técnicos rigurosos y contar con un extenso diálogo que incluya a actores sociales, económicos y productivos de la región.
Según la diputada, la situación laboral en Huasco es particularmente delicada, ya que el desempleo supera el 13% de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas. En este contexto, insiste en que las determinaciones que puedan influir en la creación de empleo y en la captación de inversiones deben ser tomadas con alto rigor técnico, considerando la realidad dinámica de la provincia.
La representante regional recordó que la categoría de zona de latencia, tal como se establece en la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, obliga a que cualquier proyecto nuevo sea evaluado a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), lo cual conlleva requisitos adicionales que incluso pueden resultar en el rechazo de iniciativas que contribuyan a niveles elevados de contaminación.
Aseguró que, si bien la protección del medioambiente es fundamental, es imprescindible garantizar también el acceso a oportunidades laborales en una zona donde la oferta de empleo es escasa. Por ello, destacó la necesidad de acompañar las medidas ambientales con análisis socioeconómicos participativos y transparentes.
En respaldo a estas afirmaciones, la diputada se adhirió a las advertencias formuladas por la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama (CORPROA). Su presidente, Juan José Ronsecco, ha manifestado que la aplicación de esta medida en toda la provincia podría tener efectos adversos en la inversión, la competitividad y el empleo, extendiéndose incluso a comunas aledañas como La Higuera.
Frente a este escenario, Cid anunció una serie de iniciativas parlamentarias orientadas a promover una discusión responsable. Estas acciones incluyen:
1. La emisión de un oficio de fiscalización dirigido al Ministerio del Medio Ambiente, en el cual se solicita la entrega de estudios técnicos, indicadores utilizados para la delimitación territorial y una evaluación comprensiva del impacto económico, laboral y social de la propuesta.
2. La presentación de un proyecto de resolución que inste al Ejecutivo a posponer la implementación de la medida hasta contar con una evaluación multisectorial, y que incorpore de forma obligatoria indicadores de empleabilidad, productividad y desarrollo económico regional en futuras decisiones ambientales.
Concluyó afirmando: “Lo que demandamos es claridad, responsabilidad y un enfoque integral del desarrollo. Atacama merece progresar de manera sustentable y con equidad territorial, construyendo decisiones en conjunto con las regiones, y no impuestas sobre ellas”.
Autor: Roberto Sánchez