De acuerdo con la investigación realizada por CIPER, se han incorporado a la estructura tarifaria cargos que, sin ser detallados ni informados a los usuarios, forman parte del proceso de reajuste del Valor Agregado de Distribución (VAD) y que en la práctica están destinados a sufragar las indemnizaciones legales a quienes se ven afectados por interrupciones en el servicio eléctrico. En una factura promedio de $100.000, estos cargos se traducen en aproximadamente $520, afectando a casi siete millones de clientes residenciales en nueve de las doce Áreas Típicas de Distribución. Entre las compañías señaladas se encuentran Enel, CGE, Chilquinta, Saesa, entre otras.
El origen de este mecanismo se remonta a un retraso de más de tres años en la actualización del VAD, lo que llevó a la Comisión Nacional de Energía (CNE) a implementar una fórmula técnica que evitara aumentos tarifarios considerables. Según CIPER, este ajuste ha trasladado el costo de las compensaciones directamente a los usuarios. En respuesta a la publicación, la CNE emitió una declaración el 22 de julio negando categóricamente que exista un cargo específico para financiar indemnizaciones por cortes, explicando que los parámetros mencionados son parte integral del diseño técnico utilizado para contener un alza promedio del 37% en las tarifas de distribución.
El regulador aclaró que, aunque la normativa prevé compensaciones automáticas, estas no se financian mediante cargos explícitos en las cuentas de los clientes, sino que forman parte de un modelo de eficiencia que busca equilibrar los intereses de los usuarios con la sostenibilidad del sistema eléctrico. Por su parte, CIPER reafirma su posición argumentando que, si bien no se identifica un ‘fondo de compensaciones’ rotulado, los documentos técnicos de la CNE evidencian la existencia de ítems en la tarifa que funcionan en la práctica para sufragar dichos costos. Esta situación subraya una notable discrepancia entre la interpretación técnica de los reguladores y la percepción de los consumidores, generando un debate sobre si el coste de las fallas en el sistema debería ser asumido por las empresas o trasladado a los usuarios.
Autor: Jorge Rojas