Alejandra Parra Muñoz, Master en Planificación de la Universidad de Otago y Bióloga en Gestión de Recursos Naturales, destaca que Chile ha agotado recientemente los recursos naturales renovables, destinando además recursos que deberían reservarse para las futuras generaciones. Este agotamiento, junto con la crisis climática, de biodiversidad y de contaminación, no se origina por el incremento poblacional, sino por la proliferación de negocios que buscan únicamente beneficios económicos para sus propietarios, dejando de lado consideraciones sociales y ambientales.
La autora subraya que la desconexión entre las economías que se deberían promover y los intereses de los principales empresarios es notoria. En este escenario, continuar operando a expensas de la salud del planeta y de las personas compromete la calidad de vida de las futuras generaciones, generando una polarización que fomenta la desigualdad social y disminuye la paz comunal.
En contraposición, Parra Muñoz aboga por el fomento de negocios que, como los asociados a la iniciativa Basura Cero, no solo cuiden el ambiente, sino que también generen beneficios ambientales, sociales y económicos, promoviendo economías locales o regionales en sectores tales como la producción y distribución de alimentos, la manufactura de artículos domésticos, y servicios orientados al cuidado y la reparación del territorio.
Sin embargo, el desarrollo de este modelo sostenible se ve amenazado por la prevalencia de empresarios que optan por un crecimiento desmedido. Estos actores, influyentes incluso en el gobierno, impulsan la aprobación de la Ley de Permisos Sectoriales, la cual, entre otras medidas, permitiría que proyectos como la instalación de vertederos para comunidades menores a 5.000 habitantes se aprueben mediante una simple declaración jurada. De igual forma, la reforma al reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), promovida por el Ministerio del Medio Ambiente, elevaría considerablemente los umbrales de evaluación para diversos proyectos, eximiendo a modificaciones de proyectos ya aprobados de una nueva valoración ambiental.
Además, todas las denuncias relacionadas con contaminación y otros incumplimientos ambientales pasarían a ser gestionadas por los mismos funcionarios de la SEREMI de Salud y la Superintendencia de Medio Ambiente, organismos cuya capacidad fiscalizadora es limitada y que no recibirían presupuestos adicionales pese al incremento de proyectos.
Frente a este panorama, la autora critica la visión de grandes empresarios que priorizan un rápido desarrollo a costa de impactos negativos, ajenos a las realidades de las comunidades afectadas. Con la inminente apertura de las primarias presidenciales, se abre un espacio para debatir con urgencia si se desea profundizar una estrategia de crecimiento perjudicial y acelerado, o si se optará por promover economías que aseguren un beneficio integral para la sociedad y el ambiente, protegiendo así a las futuras generaciones.
Autor: Jorge Rojas
