Violento allanamiento en la vivienda de Machi Millaray genera controversia en comunidades mapuche

Autoridades ancestrales denuncian el uso desproporcionado de fuerza y graves violaciones a derechos fundamentales durante la operación en el hogar de la defensora ambiental, en medio de críticas al proyecto hidroeléctrico noruego.

En Roble-Carimallin, Región de Los Lagos, se registró un operativo policial el pasado martes 12 de agosto de 2025 en la residencia de Millaray Huichalaf, reconocida autoridad espiritual del Pueblo Mapuche-Williche y defensora del río Pilmaiquén. Diversas comunidades integrantes del Aylla Rewe Ngen Mapu Kintuantü han emitido una declaración en la que rechazan la acción, señalando que el allanamiento implicó un uso excesivo de la fuerza y serias vulneraciones de derechos fundamentales. Durante el operativo, que contó con la presencia de fuerzas militarizadas y armamento pesado, se denunciaron situaciones de hostigamiento, afectando incluso a pacientes, niños, niñas y adultos mayores que se encontraban en el domicilio. Asimismo, se denunció que una adolescente fue sorprendida en su habitación por seis policías armados, quienes la intimidaron amenazándola con retirarla por la fuerza. Además, el bloqueo del acceso impidió el tránsito de personas y pacientes, mientras que se incautaron pertenencias de menores, como un computador y una tablet, sin que se exhibiera una orden judicial. Estos hechos se suceden en el contexto de la consulta indígena impulsada por el Consejo de Monumentos Nacionales, derivada de hallazgos arqueológicos en la construcción de la Central Hidroeléctrica Los Lagos, obra de la compañía noruega Statkraft, la cual ha sido cuestionada por la Machi y su comunidad. La denuncia también ha sido remitida al Punto Nacional de Contacto de la OCDE en Noruega. Además, las comunidades acusan que el allanamiento se enmarca dentro de un patrón de hostigamiento que incluye el sobrevuelo de drones sobre el rewe de la Machi, perturbando sus funciones espirituales y médicas. Frente a estos acontecimientos, se exige una investigación inmediata, exhaustiva e independiente, la sanción de los responsables, garantías de no repetición y el respeto absoluto a los derechos de las autoridades ancestrales, conforme a lo establecido en la Constitución, el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú.

Autor: Jorge Rojas

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