La semana cerró con una nueva controversia para el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN). Tras los cargos formulados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) el pasado lunes al Consejo Directivo y a ocho empresas eléctricas por el apagón ocurrido el 25 de febrero, se desató una discusión en torno a los seguros contratados. Dado que el CEN es financiado mediante el cargo único que pagan los consumidores del sistema, surgieron interrogantes sobre la eventual utilización de recursos institucionales para responder a multas administrativas.
Este debate alcanzó nuevas dimensiones cuando, el 31 de julio, Marco Mancilla, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), remitió un oficio a Juan Carlos Olmedo, presidente del Consejo Directivo del Coordinador, solicitando información detallada sobre la contratación de seguros de responsabilidad civil destinados a cubrir riesgos asociados a las operaciones del organismo. En respuesta, los consejeros manifestaron con firmeza que cualquier sanción impuesta será asumida de forma individual, dejando en claro que los recursos del CEN no se emplearán para sufragar multas personales.
El Consejo enfatizó, además, que corresponde al Coordinador otorgar la defensa legal a sus directivos, respondiendo civilmente por las acciones realizadas en el ejercicio de sus cargos, salvo en casos que revisen conductas dolosas o constituyan delitos. Este planteamiento encuentra sustento en la Ley 20.936, que establece en su artículo 212°-9 que tanto los consejeros como el presidente deben responder personalmente por las decisiones adoptadas en sus funciones. Asimismo, se subraya que el CEN ha venido contando, desde su creación en 2017, con una póliza de responsabilidad civil tipo D&O, instrumento reconocido en el ámbito público y privado para proteger a ejecutivos ante eventuales imputaciones por omisiones o acciones en el ejercicio de sus funciones.
La póliza, cuyo costo asciende a aproximadamente US$12.000 anuales —equivalente al 0,02% del presupuesto institucional—, se mantiene como una medida preventiva para resguardar los recursos del Coordinador frente a potenciales gastos legales, asegurando la continuidad operativa del Sistema Eléctrico Nacional. Además, se han informado otros seguros, entre ellos una póliza de Responsabilidad Civil General, protección de datos (ciberseguridad) y una de Accidentes Personales, lo que se enmarca en la práctica habitual de entidades con altos órganos colegiados. Los consejeros concluyeron resaltando que estas pólizas no modifican sus obligaciones legales, ni eximen la necesidad de rendir cuentas ni de elaborar una defensa adecuada ante cualquier eventualidad.
Autor: Roberto Sánchez