Según la información difundida por CIPER, desde junio de 2024, 21 de las 26 compañías distribuidoras han incluido en las factura mensuales un recargo equivalente al 0,52% del total a pagar. Este monto se utiliza para cubrir las indemnizaciones que deben ser abonadas a los usuarios cada vez que se produce un corte en el suministro eléctrico, por lo que, en esencia, son los mismos clientes quienes están financiando sus compensaciones.
El diputado de Valparaíso y representante del Distrito 7, Arturo Barrios Oteiza, subrayó que esta práctica resulta una imprudencia y una muestra de falta de responsabilidad por parte de las empresas eléctricas, ya que los propios consumidores acaban por pagar el castigo económico derivado de las interrupciones del servicio. “Es inadmisible que quienes sufren los cortes se vean obligados a sufragar las compensaciones que deberían ser asumidas por las compañías”, afirmó Barrios.
El parlamentario socialista enfatizó lo inaceptable de trasladar la carga financiera a los usuarios, cuyo derecho a reclamar indemnizaciones se ve frustrado cuando la operación se realiza a través de un cobro adicional en la tarifa eléctrica. Con base en la investigación de CIPER y datos disponibles hasta octubre de 2022 de la Comisión Nacional de Energía, casi siete millones de usuarios residenciales se ven afectados, siendo aplicable este recargo por parte de empresas como Enel, CGE, Chilquinta y Saesa.
Frente a esta situación, el diputado Barrios indicó que se tomarán las medidas correspondientes y se oficiará a las instancias pertinentes, calificando esta práctica de “un escándalo de proporciones”.
Autor: Roberto Sánchez