Esta semana, Enel presentó un recurso de reposición administrativa frente a un oficio emitido el 6 de mayo por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Según la compañía, dicho documento, redactado de forma ambigua y errónea, instruye a la empresa para “regularizar las deficiencias” supuestamente informadas el 3 de enero. El oficio establece la obligación de realizar la poda y tala de miles de árboles, medida que se considera preventiva para evitar cortes masivos de electricidad. En este contexto, Mónica Hodor, recientemente asumida como gerenta general de Enel Distribución, ha tomado un rol central en el proceso de cara a la nueva temporada. De acuerdo a un documento al que tuvo acceso The Clinic, Enel Distribución informó a principios de año a la SEC que, en diciembre de 2024, se solicitó a 33 municipios de la Región Metropolitana realizar un diagnóstico de los árboles de su propiedad o bajo su administración. El objetivo era verificar la condición de aquellos ejemplares con proyección de caída, ubicados fuera de la franja de servidumbre de las instalaciones eléctricas y, por ende, bajo la responsabilidad municipal. Una vez culminado el diagnóstico, se instó a cada municipalidad a llevar a cabo las acciones pertinentes, ya sea la poda o la tala, según correspondiera. Ante la falta de respuesta de 23 municipios, Enel recurrió a la SEC para que se acreditaran las gestiones de coordinación realizadas y se exigiera el cumplimiento de las obligaciones municipales. Sin embargo, la compañía argumenta que, en lugar de facilitar una intervención coordinada, la SEC emitió el oficio con la instrucción imprecisa de “regularizar las deficiencias” en un plazo de 20 días hábiles. Asimismo, Enel adelantó que su plan de acción otoño-invierno 2025 contempla, entre otras medidas, la poda y/o tala de 75.000 árboles dentro de la franja de seguridad de su zona de concesión, mientras que durante el 2025 se han identificado 65.320 árboles fuera de dicho rango. Enel sostiene que el oficio adolece de errores que justifican su revocación, dado que atribuye responsabilidades a la compañía en materias que, según la legislación vigente, corresponden a las municipalidades. La empresa recalca que, si bien tanto los municipios como las distribuidoras tienen obligaciones y derechos en relación a la poda y tala de árboles, es responsabilidad de las autoridades comunales gestionar estas acciones fuera del área de servidumbre.
Autor: Iñigo Socías
